A 40 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL F. A.

Parte 1ª: EL MARCO HISTÓRICO DE SU FORMACIÓN.


Si bien el Frente Amplio nace institucionalmente a la luz pública, el 5 de febrero de 1971, su aparición en el escenario político nacional no fue el simple resultado de una voluntarista acción espontánea producida de la noche a la mañana.

Ello sólo fue el resultado de una lenta y progresiva acumulación de fuerzas, por parte de organizaciones sociales, culturales y políticas, que se produjo en medio de una larga crisis económica nacional reiniciada en la década de los cincuenta, con su natural secuela de derivaciones sociales, culturales y políticas.

El modelo productivo, económico y social desarrollado desde inicios del siglo XX como consecuencia de las políticas impulsadas fundamentalmente por parte de don José Batlle y Ordóñez, se había ya agotado en los primeros años de la década del treinta, y la crisis provocada por ese agotamiento fue lo que condujo al golpe de estado que encabezó Gabriel Terra.

La Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de que los aparatos productivos de las potencias en conflicto estuvieron concentradas en la producción armamentista, provocó la necesidad de una abastecimiento externo inusual, en materia de alimentos y vestimentas.

Uruguay fue uno de los países que se benefició con un nuevo crecimiento económico, ya que el conflicto bélico mundial, no sólo mejoró el precio de sus comoditis, sino que sirvió también para el desarrollo de una industria sustitutiva de bienes industriales que antes se importaban, constituyéndose en el eje del dinamismo y el crecimiento de una economía nacional que por primera vez en muchos años lograba saldos positivos en su balanza de pagos.

Pero esta nueva modalidad de nuestra inserción en el plano de la economía internacional lejos de significar una ruptura con la anterior dependencia, sólo lo volvió más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados externos, a la vez que se acentuó la dependencia en materia de bienes tecnológicos, materias primas y combustibles importados.

El fin de la II Guerra Mundial fue también el inicio de un nuevo orden económico mundial, en el marco de un nuevo conflicto, equívocamente denominado, Guerra Fría, en el que estaban enfrentadas las grandes potencias triunfadoras: los Estados Unidos de Norte América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue más que nada una lucha por la conquista de los "espacios vitales" que se disputaron las potencias europeas, la mal llamada Guerra Fría fue más que una contienda ideológico-filosófico-política, una lucha por el reparto de aquellos países que antes habían orbitado en torno a las viejas potencias coloniales europeas. Reparto de los bienes económicos tras la máscara de una contienda política.

Efectivamente, la recuperación económica de posguerra llevó a un replanteo de las estrategias de dominación, tanto por parte de las potencias capitalistas como por parte de la URSS. Los países de capitalismo desarrollado (países altamente industrializados) bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norte América, aumentaron su penetración en las economías dependientes, desenvolviendo técnicas productivas y creando espacios económicos supranacionales.

La Reforma de la Constitución Uruguaya, en 1952, no obedeció a un ensayo institucional dirigido a solventar los efectos de la rivalidad entre las dos personalidades fuertes que lideraban las dos principales agrupamientos dentro del lema Partido Colorado, sino que, lo que se intentó resolver a nivel institucional con la creación de un Ejecutivo Colegiado integrado por los dos viejos lemas partidarios, además del reparto de 3 y 2 de los cargos de confianza, fue la dilucidación del conflicto de dos concepciones distintas sobre el modelo productivo, económico, cultural y social que se intentaba implantar, uno totalmente apegado a las directivas liberalizadoras del Fondo Monetario Internacional, esencialmente vinculado al sector ganadero, al exportador y al bancario, y, otro, estrechamente vinculado al sector industrial, que intentó gobernar con cierta independencia de las recetas fondomonetaristas, con un dirigismo estatal destinado a proteger la industria nacional con barreras arancelarias, subsidios y préstamos blandos, acompañado de una política laboral sobre la base del funcionamiento de los Consejos de Salarios, hecho que estimuló el funcionamiento de los sindicatos, y la atención social a través del desarrollo de los sistemas de las Asignaciones Familiares y de los seguros por desempleo, destinadas ambas a lograr la expansión del mercado interno, ampliando la capacidad de consumo de los trabajadores.

Precisamente, el año 1951 asistió ya a las primeras movilizaciones populares que agruparon no sólo a los tradicionales partidos de izquierda, sino que también incorporaron a sectores progresistas de ambos partidos tradicionales y a figuras prestigiosas del ambiente artístico. Dos motivos totalmente distintos desataron tales movilizaciones populares, una fue la resistencia al aumento del boleto capitalino, que duplicó su valor de la noche a la mañana, y otra fue la oposición al intento de la implantación del Servicio Militar Obligatorio, simultáneamente con la instalación de una Base Militar Norteamericana en Laguna del Sauce. En ambas reacciones populares se forjó una unión en la acción en las movilizaciones de los sindicatos de obreros y empleados con las de las agremiaciones estudiantiles.


Otro de los pasos más significativos, en materia del proceso organizativo y de lucha sindical, lo constituyó entre 1950 y 1958, por un lado, el surgimiento de las primeras organizaciones gremiales de trabajadores rurales y, por otra parte, la masiva sindicalización del funcionariado público.

En 1958, los reiterados fracasos de los distintos gobiernos del Partido Colorado en sendos intentos por solucionar la crisis económica, hicieron que, por primera en cien años, el lema Partido Nacional obtuviera, una abrumadora victoria sobre su tradicional adversario en la contienda electoral de noviembre.

Ese mismo año 1958, los trabajadores de los entes autónomos, municipales y de la Administración Central, que habían conformado la Comisión Coordinadora de los Entes Autónomos, por un lado, y por otro, la Unión de Organizaciones de Funcionarios del Estado, a a los efectos de la obtención de mejoras en los tratamientos presuestales, se convirtieron en aliados clave para la victoria de la lucha por la aprobación de la Ley Orgánica Universitaria, que consagrara la autonomía de la UDELAR. En esa conjunción de movilizaciones se originó la consigna "Obreros y Estudiantes, unidos y adelante".

Por otra parte, la crisis económica de los años cincuenta introdujo la cara de la miseria en el paisaje urbanístico: la aparición de los "Cantegriles" en los barrios suburbanos de Montevideo y los "rancheríos" o "pueblos de ratas" en las periferias de las ciudades del interior.

En los ocho años de gobierno del lema Partido Nacional (en los primeros cuatro años fue notoria la participación decisiva en el nuevo gobierno de personajes provenientes del Partido Colorado), lejos de hallarse una solución a la crisis del país, no hizo sino poner en evidencia la inviabilidad de los distintos reajustes económicos ensayados, llevados adelante por los sectores económicos dominantes más vinculados con el mercado externo.

Fueron los ganadores de las elecciones del 58, representantes directos de los sectores agroexportadores, quienes iniciaron una estrategia destinada a desmontar el andamiaje intervencionista del Estado, cuestionando fundamentalmente la protección brindada a la industria nacional y el papel de redistribuidor de las ganancias obtenidas, que obraba favoreciendo fundamentalmente a la población urbana.

Los préstamos "Stand By" concedidos por el FMI, previa aceptación de sus recetas económicas, sirvieron para impulsar un nuevo proyecto capitalista dependiente, con la intención de favorecer al sector agropecuario, propiciar el crecimiento del sector bancario privado y reducir el papel regulador del Estado. Ello para nada logró terminar con un pronunciado estancamiento de un agro que languidecía -expulsando la población rural hacia las ciudades y las poblaciones del interior urbano hacia Montevideo- aquejado de problemas de tenencia de la tierra, grandes latifundios ganaderos y minifundios agrarios y lecheros de escasa productividad, la falta de incorporación de técnicas más productivas y un escaso uso de fertilizantes y cuidados sanitarios.

La puesta en práctica de este modelo que sólo logró introducir al país en una espiral de especulación financiera, devaluaciones continuadas y una galopante carrera inflacionaria, chocó con los intereses del sector industrial y comercial vinculados esencialmente con el mercado interno, pero también despertó la resistencia de los obreros, empleados y jubilados, cuyo poder adquisitivo se vio seriamente afectado por la devaluación del 100% del valor del peso uruguayo en 1959, 1965, 1966 y 1967, donde la inflación anual trepó a un 136%.

El año 1957 fue el del más alto salario conocido en nuestro país, con lo que, la orientación fondomonetarista implicaba el arrasamiento de las conquistas sociales y económicas obtenidas por los asalariados privados y públicos en los años anteriores, reduciendo la importancia del mercado interno y provocando la crisis inmediata de la industria de la construcción.

En 1955 un tercio de las familias montevideanas tenían ingresos inferiores al monto necesario para mantener el mínimo vital, a lo que debe agregarse que el poder adquisitivo de los salarios se redujo un 30% entre 1955 y 1968, en tanto que la desocupación pasó de un 3,5% a un 10%.

Las reformas económicas alteraban sustancialmente decenas de años de funcionamiento de una dominación política predominantemente pacífica.

La nueva orientación terminó provocando una creciente resistencia y movilización por parte de los asalariados sindicalizados y, para neutralizarlas, los sucesivos gobiernos de partidos políticos que se resquebrajaban internamente no sólo por la diversidad de intereses encontrados sino también por la falta de líderes creíbles, terminaron recurriendo una y otra vez, a las Medidas Pronta de Seguridad, implementadas contra el movimiento sindical, en los años 1959, 1963, 1965, 1967.

La adopción de dichas Medidas de Pronta Seguridad, habilitaban la suspensión de determinados derechos y libertades individuales y sociales amparados por la Constitución.

Pese a ello, la resistencia popular contra la orientación económica -que sólo beneficiaba a la banca y al comercio agroexportador y habilitaba la fuga de capitales nacionales y grandes negociados a través de sucesivas devaluaciones y de una carrera inflacionaria especulativa-
no hacía sino crecer y derivar hacia el ensayo de nuevas formas de lucha y hacia la formación de nuevos nucleamientos sociales.

Hacia 1961 comienzan las primeras acciones de grupos para-policiales, de orientación facista, con atentados contra personas y/o bienes estrechamente ligadas a partidos y grupos de izquierda.

Concomitantemente, no tardan en formarse los grupos armados de autodefensa creados por las organizaciones agredidas.

Poco después, hacia 1964, comienzan los rumores sobre golpes de estado e inmediatamente, en ese contexto no sólo ya de crisis sino de clara convulsión económica, social y política, surgen pequeños grupos políticos que, desprendidos de agrupaciones mayores, reivindican el derecho al uso de las armas como método legítimo para enfrentar la violencia ejercida sobre los derechos de la mayoría del pueblo por este modelo productivo económico fundamentalmente estructurado para privilegiar siempre los intereses extranjeros y los del reducido número de personas integrantes de los sectores dominantes.

Por otra parte, por esas mismas fechas, comienza el movimiento de unificación de todas las corrientes y organizaciones sindicales en una central única de trabajadores, desembocando en la convocatoria a un Congreso del Pueblo, realizado en 1965, en un intento por agrupar a todos los sectores perjudicados por la crisis, para convertirlos en una fuerza social capaz de asumir la conducción y orientación de un proceso de profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país.

Los esfuerzos de unificación sindical fructificaron con la constitución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), cuya Declaración de Principios reafirmó el carácter autónomo del movimiento obrero, aunque ligándolo con los objetivos de otros sectores del pueblo como parte de su perspectiva de la construcción de una sociedad sin explotación.

Vinculó además esa lucha nacional con la unidad de la América Latina contra el imperialismo, reafirmando la fraternidad internacional de los trabajadores.

Después de realizar un diagnóstico de la crisis, se colocaba a la clase obrera a la cabeza de una fuerza de cambios para romper con el estancamiento y la dependencia, planteando una serie de medidas tales como: reforma agraria e industrial, nacionalización de los monopolios, de la banca y del comercio exterior, nueva política de inversiones públicas, y reformas tributaria, urbana, de la seguridad social y de la educación.

Estas concreciones unitarias y programáticas no sólo constituyeron un hito en la historia del movimiento sindical sino también en la historia de las organizaciones sociales.

A mediados de 1966, abortó un intento de golpe de estado, pergeñado por un grupo de ciudadanos caracterizados por sus tendencias fascistas y que tenía su apoyo en el sector militar liderado por el Gral. Aguerrondo. El grupo subversivo, que ya había redactado su proclama inicial, obra de puño y letra de un sacerdote católico, tenía instalado su centro de reuniones en la localidad de José Pedro Varela, en el Dpto.de Lavalleja.

En esas circunstancias, los partidos tradicionales procuraron obtener la aprobación de una Reforma de la Constitución, como si ella fuera el instrumento más idóneo a través del cual se pudiera dar solución a los problemas económicos, sociales y políticos que paralizaban al país. Esa reforma suponía la derogación del sistema colegiado y la implantación de un Poder Ejecutivo fuerte con un simultáneo recorte de las atribuciones parlamentarias.

En las elecciones de 1966 triunfa el Partido Colorado y es aprobada la Reforma Naranja, propiciada por una alianza de blancos y colorados.

La muerte del Gral. Oscar D. Gestido, hombre de muy buenas intenciones, ocurrió en diciembre de 1967, antes de cumplir su primer año de mandato y en momentos en que la política de su gabinete desarrollista desembocaba en una nueva gran devaluación y se producían ásperos enfrentamientos en la interna del Partdo Colorado.

Como consecuencia de la muerte del Primer Mandatario, se produjo el ascenso de Carlos Pacheco Areco a la Presidencia de la República.

Este hombre se caracterizó por ejercer un agresivo autoritarismo, en alianza con los sectores más conservadores de la sociedad, instrumentándose el uso cada vez más abusivo de la arbitrariedad contra toda oposición organizada.

A partir de 1968 entonces, un clima cada vez más enrarecido comenzó a apoderarse de toda la sociedad uruguaya, diluyéndose de a poco los signos de tolerancia antes existentes.

Con Pacheco, las Medidas de Pronta Seguridad perdieron su carácter de excepcionalidad, pasando a convertirse en un elemento permanente de la realidad nacional.

Pero ahora no sólo están dirigidas contra el movimiento sindical, sino que también afectan a algunas organizaciones políticas que son ilegalizadas, e incluye, además, la censura de noticias y la persecución ideológica, con el consiguiente cierre o suspensión de diversos órganos de prensa.

Es como un corolario natural de toda esa acumulación de fuerzas progresistas y de ese conjunto de circunstancias productivas, económicas, sociales, culturales y políticas en que estaba sumergida la vida nacional que se produce la formación del Frente Amplio, quien floreció como realidad institucional en el verano de 1971, cuarenta años ha.